Fiscal Especializado en Delitos Electorales de Coahuila visita Radio UAL

• Ricardo Jesús Sánchez Reyes condice el programa “Diálogo Jurídico”.
• Aborda la violencia política de género en las contiendas electorales.

Ramiro Durón/ Torreón, Coahuila.

El Fiscal Especializado en Delitos Electorales del estado de Coahuila, Esteban Sánchez Caballero, este jueves 2 de febrero del 2022, visitó la cabina de Radio de la Universidad Autónoma de La Laguna, cómo invitado en el programa de Radio: «Diálogo Jurídico», conducido por el Mtro. Ricardo Jesús Sánchez Reyes, Coordinador de la Facultad de Derecho de UAL, en donde habló de la ley general en materia de derechos electorales.

En el programa, el Fiscal Sánchez Caballero comentó, en resumidas cuentas, en qué consiste está ley: «Establecen ahí los tipos penales, es decir, las conductas que constituyen delitos y que son susceptibles de cometerse durante el proceso electoral».

También el Fiscal agregó: «Algunas no se aplican exclusivamente durante el proceso electoral, son medidas permanentes como la violencia política de género, para evitar que se violenten las mujeres que participan en la política».

La violencia política de género consiste en toda acción u omisión dirigida a una mujer, por el hecho de ser mujer, que obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales o en el ejercicio de su encargo. Las agresiones generan un impacto diferenciado en las mujeres respecto de los hombres y pueden ser simbólicas, verbales, patrimoniales, económicas, psicológicas, físicas y sexuales. Éstas pueden efectuarse a través de cualquier medio de información (como periódicos, radio y televisión), de las tecnologías de la información y/o en el ciberespacio.

La violencia puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos o sus subordinados, por colegas de trabajo, por partidos políticos o representantes de estos, por medios de comunicación y sus integrantes. Además, dicha violencia puede cometerla cualquier persona y/o grupo de personas.

Es una ley general que obliga a los 3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) a su observancia. Mismas que se remiten a reformas en las leyes electorales del 2014, aunque ya existía una ley contra delitos electorales, sentenció.