EL MINISTERIO DE LA VERDAD VERSIÓN MEXICANA

Todo poder termina enfrentando el mismo dilema: cambiar la realidad o cambiar la forma en que la ciudadanía la percibe.
En “1984”, la obra cumbre de George Orwell y uno de mis libros favoritos dicho sea de paso, el Ministerio de la Verdad no existía para proteger a los ciudadanos de las mentiras, sino para fabricarlas, clasificarlas y determinar qué versión del presente era legalmente válida.

Toda narrativa fuera del dogma oficial se catalogaba como un delito contra el Estado. Décadas después de que Orwell vislumbrara esa pesadilla, el debate sobre el control informativo vuelve a rondar el escenario público en México. Ha cambiado de ropas —ya no viste la tosca tijera de la RTC que, en los tiempos de López Portillo, decidía cuántos centímetros de piel o qué chiste en el cine de ficheras atentaban contra la «moral pública»—, pero la tentación estructural permanece: hoy se presenta bajo un benevolente «derecho de las audiencias».

La discusión formal en torno a la consulta pública impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha encendido las alarmas en el gremio periodístico. Superficialmente, la premisa oficial se vende con nobleza: garantizar la autorregulación, exigir códigos de ética y obligar a separar la noticia objetiva de la opinión personal.

Sin embargo, el diablo siempre se esconde en los detalles. El mayor foco de riesgo no reside en una clausura explícita de concesiones —un
costo político que ningún gobierno actual es tan tonto para asumir de forma directa—, sino en la instrumentalización del mecanismo de denuncia ciudadana. La norma plantea que la audiencia pueda reportar contenidos por falta de «veracidad» o por «sesgo» ante la defensoría del medio y, en última instancia, ante la propia CRT.

En la era del astroturfing —esa estrategia que fabrica un falso clamor popular para disfrazar una línea de ataque coordinada por intereses políticos o económicos— no se requiere un arrebato ciudadano genuino para sofocar una investigación incómoda. Basta con articular una marea de quejas prefabricadas con granjas de bots para obligar al órgano regulador a intervenir.

Se logra así la maniobra política perfecta: el gobierno no censura; solo «atiende pertinentemente las peticiones del pueblo soberano» que exige una información corregida.

Entregarle a un órgano cuya integración depende inevitablemente del poder político la facultad de arbitrar si un comentario en vivo fue «opinión» o «información manipulada» es cruzar una línea roja democrática. En el periodismo real, la frontera entre el dato duro, el contexto y la interpretación es viva y orgánica. Al convertir al Estado en el juez de última instancia sobre la veracidad, el resultado no es una ciudadanía más educada, sino un fenómeno bien conocido en el análisis de medios: la autocensura por asfixia.

Ante el riesgo de procesos administrativos desgastantes o sanciones, los propios medios eligen bajarle dos —o hasta tres— rayitas a la crítica. El timing en política jamás es un accidente. Cuando las cifras públicas chocan con la narrativa oficial y la gestión diaria enfrenta desgaste, apretar la tuerca a los intermediarios de la información es más fácil y rápido que corregir los problemas de fondo. La estrategia consiste en diagnosticar el descontento no como un fallo de política pública, sino como el síntoma de una población «engañada por la
desinformación».

No nos engañemos. Ninguna «verdad oficial» ha producido jamás audiencias más libres ni sociedades más críticas. Cuando el poder se erige a sí mismo como el gran curador de lo que es cierto y lo que es falso, el resultado nunca es la transparencia; es el silencio. Frente a la tentación de revivir los pasajes de Orwell en la regulación de las telecomunicaciones, la única postura ciudadana sólida sigue siendo la misma: dudar de cualquier autoridad que pretenda enseñarnos a pensar.

LA COLUMNA ES RESPONSABILIDAD DE QUIÉN LA ESCRIBE